Cachiros recibieron pagos después de ser designados como narcos, siendo Wilfredo Cerrato ministro de finanzas

El financista Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, actual presidente del Banco Central, es un hombre que sabe mucho. Ha sido el encargado de las finanzas durante dos de los gobiernos más corruptos de la historia moderna de Honduras.

Cerrato fue nombrado Secretario de Finanzas el 9 de agosto del 2012 por el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa. Luego fue ratificado por el sucesor de Lobo, Juan Orlando Hernández, desempeñándose en el cargo hasta el 27 de enero de 2018. Finalmente fue nombrado presidente del Banco Central de Honduras.

Es difícil creer que Cerrato no sabía que muchos de los fondos estatales desembolsados bajo su supervisión, fueron destinados a actos de corrupción y lavado de dinero del narcotráfico.

Sin duda hay mucho que indagar. Igualmente esperamos que las autoridades estén investigando las gestiones de Cerrato, incluyendo la actual en el Banco Central.

Por lo pronto hoy nos referiremos a la gestión de Cerrato durante el corrupto gobierno de Porfirio Lobo Sosa, quien recientementenente fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por haber colaborado con el cartel de Los Cachiros.

Justamente fue Wilfredo Cerrato quien supervisó el desembolso de decenas de millones de lempiras para pagar varios de los contratos que el gobierno de Lobo otorgó a las empresas de Los Cachiros.

Lo grave del caso es que muchos de esos fondos fueron desembolsados cuando Los Cachiros ya habían sido designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aún sabiendo eso, Wilfredo Cerrato no puso ninguna objeción.

Relato de los hechos

El gobierno de Pepe Lobo suscribió contratos por casi 500 millones de lempiras con las sociedades mercantiles de Los Cachiros, entre 2010 y 2015.

Entre esas empresas se encontraban: Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A. de C.V. (Inrimar), Inversiones Acrópolis S.A. de C.V., Lutopas, Arqdico, Consultorías Mantenimientos y Servicios (Comssa) y Concretos del Norte S. de R.L.

Según una investigación de La Prensa, las autoridades del Fondo Vial, Soptravi y luego Insep pagaron a Inrimar contratos por el orden de 125.9 millones de lempiras. Todos esos pagos fueron realizados gracias a la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas.

Los pagos se desglosaron de la siguiente forma: en 2010, un total de 13.8 millones; en 2011, 63.6 millones; en 2012, 6.4 millones; 2013, 19.2 millones; 2014, 994,049 lempiras, y en 2015, un aproximado de 21.8 millones.

Cabe señalar que en mayo de 2013, el presidente Barack Obama identificó a Los Cachiros como un importante grupo extranjero de narcotráfico de conformidad con la Ley Kingpin. 

Luego, en septiembre de ese mismo año, el Departamento del Tesoro designó como narcotraficantes a siete personas y cinco empresas vinculadas Los Cachiros. Finalmente, en enero del 2015, los cabecillas Javier y Leonel Rivera Maradiaga se entregaron a la justicia de los Estados Unidos.

De modo que fueron desembolsados decenas de millones de lempiras del Estado aún después de que Los Cachiros fueron designados como narcotraficantes. Incluso uno de los pagos se efectuó cuando los hermanos Rivera Maradiaga ya se habían entregado a EE.UU.

¿Quién autorizó el desembolso de esos fondos?… sería una buena pregunta que los periodistas podrían hacer al actual presidente del Banco Central de Honduras.

Gestiones de un Policía corrupto y reunión de Devis con Tony Hernández

Juan Manuel Ávila Meza es un exoficial de policía y abogado que sirvió como una especie de comodín para defender a Los Cachiros y para gestionar la venta de propiedades.

Ávila Meza se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos junto a otros cinco expolicías en 2016. En marzo del 2021 fue condenado a 12 años de prisión.

Según investigaciones de autoridades de EE.UU., luego que la OFAC incluyó en su lista a Los Cachiros y ordenó la confiscación de sus bienes, Ávila Meza tuvo que contactar dos abogados para la defensa legal de algunos bienes.

Luego, a inicios de 2014, Ávila Meza y el policía Carlos Valladares, se reunieron para dialogar sobre una deuda de 24 millones de lempiras que el gobierno de Pepe Lobo le debía a Inrimar, a través de Soptravi.

Ellos acordaron buscar contactos en el gobierno. Después Ávila Meza se reunió con un amigo suyo que era conocido de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, para establecer un acercamiento.

Finalmente lograron pactar una reunión entre Tony Hernández y Devis Rivera, la cual se llevó a cabo en un restaurante capitalino. Este encuentro fue grabado por el líder de Los Cachiros, quien ese momento ya colaboraba con la DEA.

Durante el juicio de Fabio Lobo, Devis Rivera Maradiaga dijo que en la reunión con Tony Hernández discutieron la manera como Inrimar podría recibir dinero de la Secretaría de Finanzas por los contratos que les adeudaba el gobierno.

Tony Hernández se comprometió a ayudar y a cambio, según afirmó Rivera Maradiaga, él le pagó un «soborno» al hermano del presidente Juan Orlando Hernández.

Documentos de Fiscalía de Nueva York indican que el oficial Ávila Meza registró una nueva empresa, la cual fue utilizada para recuperar 21 millones de Lempiras adeudados por el gobierno hondureño a Los Cachiros.

La creación de la nueva empresa fue necesaria debido a que las cuentas de Inrimar habían sido congeladas en virtud de las sanciones de la OFAC, y se necesitaba una nueva entidad para que el gobierno desembolsara los fondos, a través de la Secretaría de Finanzas dirigida por Wilfredo Cerrato.